La situación de paro en que se encuentra nuestro país obedece, sin duda, a que la creación y mantenimiento de puestos de trabajo no ha sido la prioridad en política económica de los últimos gobiernos, los cuales han optado por priorizar otras medidas como la lucha contra la inflación, el reforzamiento del estado del bienestar, el sistema financiero o el no control del gasto público. A esto hay que añadir la ausencia de una política industrial y de I+D activa y orientada a reforzar nuestro tejido industrial y tecnológico.
La parte más negativa para nuestro país de esta situación no es la elevada tasa de desempleo global, sino el elevado desempleo de personas cualificadas, es decir, con estudios universitarios, aspecto que cualquier país no puede permitirse en los tiempos actuales. La principal consecuencia, en mi opinión, es la descapitalización a medio y largo plazo que va a suponer esta situación, unida a una desmoralización de nuestros jóvenes mejor preparados que deben constituir la esperanza de nuestro futuro.El papel de nuestras universidades resulta estratégico, pues son los agentes que forman a los jóvenes. Sin embargo, para que su papel sea más efectivo se necesita una mejor sincronización entre oferta y demanda, lo que implica que las universidades deben adaptar sus planes de estudios a las necesidades reales (presentes y futuras) de nuestro tejido empresarial. Esta sincronización debe extenderse a la Administración Pública, la cual tiene un papel estratégico como agente encargado de definir de forma clara sus políticas industriales y tecnológicas a medio-largo plazo.Sin duda el reto es muy grande, pero no debemos dejar pasar más tiempo sin priorizar lo que constituye realmente el futuro de nuestro país, que pasa por aprovechar al máximo a nuestros jóvenes mejor cualificados en los últimos 40 años.
Antonio Hidalgo Nuchera
Catedrático de Organización de Empresas
Universidad Politécnica de Madrid
